Los recientes anuncios de las autoridades estadounidenses sobre el aumento de la producción de cocaína y la incapacidad de reducir los cultivos ilícitos en el país, confirman el más estrepitoso fracaso de la actual guerra contra las drogas. No sorprende que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos mantengan las cifras oficiales en gran secreto, mientras definen cómo hacerlas públicas, sin que esta caja de Pandora llegue al debate electoral y conmocione la apacible reelección del presidente Uribe.
Para diluir el impacto de esta noticia, el Departamento de Estado y el Gobierno de Colombia han adoptado una estrategia que maquilla los más decepcionantes resultados en la guerra contra las drogas durante los últimos años, y que constituyen el sello definitivo del fracaso del Plan Colombia, que culmina este año.
Por ahora, la contraparte norteamericana revelaría las cifras de la CIA, aprovechando el temor reverencial que ha sabido posicionar en la opinión pública colombiana, para luego constituirse estratégicamente en jefe de debate en defensa del gobierno Uribe con todo tipo de justificaciones: que los cultivadores han mejorado las técnicas de resiembra y protección de los cultivos bañándolos con agua de panela o podando la mata; que siembran en áreas más remotas; que lo hacen en pequeñas parcelas difíciles de detectar.
Y, por otro lado, expondrán lo que denominarían resultados positivos: que la fumigación ha evitado que billones de dólares en cocaína lleguen a las calles de los Estados Unidos; que este ha sido un año récord con la extradición de 134 personas y que se han confiscado 223 toneladas de cocaína; que la interdicción aérea está en pleno funcionamiento y cubrimiento del país. Argumentos que no controvierten la ineficiencia de la columna vertebral y más costosa del Plan Colombia, la fumigación. Al gobierno de Colombia le corresponderá hacerles eco a dichas argumentaciones en el tono usual del Presidente y la conocida impulsividad del Vicepresidente, mientras el Ministro del Interior tratará de evitar que la Oficina de Drogas de las Naciones Unidas (Unodoc) publique sus cifras antes de las elecciones. Así, se frenaría el segundo golpe a esta política, con los agudos datos del Simci, cuyos resultados generarán, además, un verdadero efecto tsunami en cuanto a las revelaciones sobre el aumento de la producción de cocaína, que la policía antinarcóticos ya reconoció.
No hay cómo justificar que en el año récord de erradicación 138.775 hectáreas en fumigación aérea y 31.285 en erradicación manual no se haya reducido una sola hectárea de coca en el país.
Ya en junio del 2004, cuando me desempeñaba como asesor del Ministro Sabas Pretelt de la Vega en asuntos de drogas, acudí a indicadores de gestión para evidenciarle la irracionalidad económica de la estrategia de la fumigación aérea como instrumento para combatir el narcotráfico. Le advertía al Ministro que los datos del 2003 ya reportaban los peores resultados en la reducción de los cultivos de coca desde el inicio del Plan Colombia en el 2000. Entonces, reducir 15.000 hectáreas luego de fumigar 132.000 costó 82 millones de dólares, es decir, más de 12 millones de pesos por hectárea fumigada. En el 2004, la tendencia se agudizó con apenas 6.000 hectáreas reducidas versus 136.000 fumigadas, desbordando el costo de erradicación a 32 millones de pesos por hectárea reducida. Ahora llegamos a la exorbitante cifra de 122 millones de dólares gastados en fumigación, para no reducir una sola hectárea.
Semejante despilfarro económico sólo es sostenible por el bolsillo de los contribuyentes estadounidenses. El presidente Uribe no puede pasar en blanco sin afrontar un debate serio sobre el fracaso más monumental en la lucha contra las drogas en el país, más aún si aspira a ser reelegido.
Articulo original
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1989186
