La convocatoria del Consejo Nacional de Estupefacientes que hizo el presidente Uribe para discutir la cifra de cultivos de coca de la ONU-Simci era tan solo un procedimiento pro forma para comunicar una decisión que se tenía ya tomada: ¡cancelar de un tajo el convenio con la ONU!
Con esta decisión, no solo a Colombia sino al mundo se lo priva de una herramienta fundamental y quizás el único instrumento internacional científico capaz de realizar un censo en uno de los eslabones principales del problema mundial de las drogas: los cultivos de coca.
El anuncio del presidente Uribe de que se van hacer censos mensuales o bimestrales con una nueva entidad privada es una afirmación que denota una gran ignorancia, quizás lanzada a la sazón de la improvisación y el mal asesoramiento. Primero, las condiciones meteorológicas no dan para obtener imágenes satelitales mensuales representativas de la extensión total del país, lo que nos llevaría a un sistema de «estimación» y no de censo. Segundo, hacer una interpretación mensual de la totalidad de los cultivos de coca en todo el territorio nacional requeriría un ejército de intérpretes de imágenes con unos costos imposibles y sin que el mercado laboral tenga esa experticia de disponibilidad inmediata.
Tercero, existe la posibilidad de que las imágenes de satélite sean reemplazadas por aerofotografía, pero con la dificultad del alto precio de tener una flotilla de aviones que se dedican a tomar fotografías mes a mes de todo el territorio nacional. ¿Se imaginan ustedes como se arma ese mosaico mensual?
El mundo no puede permitirse el cambio caprichoso de un sistema de censo que arroja cifras confiables, independientes, transparentes y verificables, de la seriedad y experticia de las Naciones Unidas, sin una explicación de fondo y a cargo de una entidad privada. Lo que el gobierno de Colombia está haciendo es botar 10 años de experiencia a la basura. Sin estas verificaciones, la comunidad internacional estaría a oscuras, sin entender lo que sucede en Afganistán con los cultivos de amapola, y con los de coca en los países andinos, especialmente en Colombia.
El centro de cómputo y análisis de las cifras mundiales de la ONU en Viena encontró, gracias al Simci, el eslabón perdido en el desfase que tenían entre las cifras de la oferta y las de la demanda, gracias a un estudio in situ, que evaluó la verdadera productividad de los cultivos. Pero el Simci no solo le ha entregado a Colombia datos de cultivos de coca con todo un detallado análisis multitemporal y tendencias, sino que ha entregado valores agregados infinitamente valiosos.
Por ejemplo, gracias a este convenio con la ONU, el Ministerio de Ambiente pudo actualizar la delimitación de los Parques Nacionales Naturales; gracias al Simci se pudo establecer que los cultivos de coca apenas son responsables de un 19 por ciento de la deforestación en estas zonas vírgenes y que hay toda otra deforestación que no se relaciona con estos cultivos ilícitos y que viene representando la verdadera gran amenaza, con el 81 por ciento de su degradación. Es esta otra gran deforestación de la que no se habla porque políticamente para el Gobierno no es rentable.
Detrás de la ONU-Simci hay todo un conjunto de países que respaldaron este proyecto, quienes lo han financiado, como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Holanda, Austria. Declarar insubsistente a la ONU no es una competencia unilateral de Colombia. Hay que revisar esta bravuconada y, como lo dijo Daniel Samper, que el Presidente amarre la mula y deje el machete. Mejor asesoría que ésta no podemos tener los colombianos.
Articulo original
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4341504
