La terquedad del presidente Uribe de mantener la aspersión aérea en la frontera con Ecuador, a pesar de las reiteradas solicitudes del vecino país de suspenderlas, desencadenó, como lo pronostiqué hace año y medio, el comienzo del fin de la fumigación en Colombia. Las conclusiones del relator de la ONU para la salud, en el sentido de que la fumigación con glifosato en la frontera está afectando la salud física de los habitantes de Ecuador y a su salud mental, evidencian la peligrosidad de la fumigación que el Gobierno colombiano había desestimado internamente, pero que ha quedado al descubierto gracias a la internacionalización que Quito ha logrado de esta comprometedora estrategia.
El pronunciamiento público del señor Paul Hunt es un revés diplomático para el gobierno del presidente Uribe, con repercusiones inmediatas para Colombia, de tener que suspender la fumigación en la franja de amortiguación solicitada por Quito de 10 kilómetros a lo largo de la frontera. No tiene fuerza vinculante, pero desafiar la observación de un titular de procedimientos especiales de derechos humanos de las Naciones Unidas complicaría aún más el panorama de confrontación internacional. El Gobierno de Colombia deberá lidiar además con el hecho de no haber recibido al relator en Bogotá para discutir esta problemática.
El Consejo de Derechos Humanos, el próximo mes, decidirá si ampliar la investigación solicitando a Colombia información suplementaria y la aplicación de medidas cautelares. Todo este mecanismo de observación de la ONU que ha logrado activar Ecuador podría extenderse a nuestro país.
No hay seguimiento epidemiológico a la salud en la zona de más antigua aplicación del glifosato, la Sierra Nevada de Santa Marta desde 1984, mientras informaciones de EL TIEMPO y de la revista Legis registran que en dicha zona se presentan crecientes aumentos de las malformaciones congénitas y la incidencia más alta en América de defectos en el tubo neural en los niños de la región. No se entiende que a última hora se encargue a la OEA un estudio sobre los efectos en la salud y no a organismos especializados que ya tenían una propuesta, como la OMS y la Oficina de la ONU contra las drogas. Se desconoció la solicitud que desde 2001 realizó la Defensoría del Pueblo de suspender la fumigación. No se ha profundizado en el estudio del Invima, que revela un aumento de las enfermedades trasmitidas por alimentos, y los altos índices de correlación y determinación con el también aumento de las fumigaciones en el país. Y no se ha considerado con seriedad la afectación a pueblos y territorios indígenas. Nada explica que lo que el relator Hunt vio y constató en Ecuador no haya sido visto ni oído por ninguna entidad nacional. No faltarían ni los argumentos ni los organismos competentes para iniciar una acción contra Colombia.
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