Opinion El Tiempo

Si no es ahora, ¿cuándo?

• abril 30, 2006
• by:  Columna El Tiempo 

Desafortunadamente, Colombia todavía no ha recibido, al momento de escribir esta columna, todas las malas noticias sobre los resultados de su política de lucha contra las drogas. Más allá del número de hectáreas cultivadas, hay una noticia todavía más dramática y difícil de justificar para los gobiernos de Colombia y Estados Unidos: el país produce hoy más toneladas métricas de cocaína que en el 2000, al inicio del Plan Colombia.

Durante 1999 y el 2000, la DEA llevó a cabo un estudio de campo llamado Operación Breakthrough, para medir científicamente la verdadera capacidad de refinación de cocaína en Colombia, teniendo en cuenta las cosechas de coca, el contenido del alcaloide en la hoja y la eficiencia en la fabricación en los laboratorios clandestinos.

Este costoso trabajo se convirtió en un hito en el conocimiento del fenómeno del narcotráfico, y permitió arrojar que en el 2000 se producían 580 toneladas de cocaína. Informaciones posteriores han indicado desarrollos de nuevos métodos de producción de cocaína para enfrentar el Plan Colombia.

En el 2004, ONU-SIMCI se dio a la tarea de actualizar, con un nuevo estudio de campo, la productividad. Los resultados están listos y la Policía Antinarcóticos ya aceptó que sí hay mayor producción de cocaína, pero su oficialización se guarda celosamente, quizá por “prudencia electoral”.

Llegó la hora de que se le revelen al país todas las cifras. Un general de la República se cayó por desatender un escándalo. Y lo que está pasando en la lucha contra las drogas es, sin duda, más que un escándalo, con consecuencias aun más penosas y generalizadas para los colombianos.

Veamos los resultados del gobierno Uribe contra las drogas. Según cifras de la CIA, en diciembre del 2002 había 144.000 hectáreas de cultivos de coca.

Ahora, informa la ex embajadora Anne Patterson que la cifra actual se mantiene igual. Los datos de ONU-SIMCI tampoco son halagadores.

Los cultivos en el Putumayo, corazón del Plan Colombia y el Plan Patriota, reverdecieron, así como en el Guainía; en Antioquia se crecieron; en Nariño, donde más glifosato llueve en el país, tampoco bajan. El narcotráfico está más vivo que nunca. El mercado de lo suntuario está disparado y el ‘traquetismo’ asusta.

Quizás los 3.000 millones de dólares que, según denunció el gerente del Banco de la República, entran al año a la economía por narcotráfico, no solo son una realidad sino que estarían subestimados, a la luz de las nuevas cifras de productividad.

A estos indicadores debemos añadir la obligada comparación con el gobierno que fue decertificado por Clinton. En 1995, Colombia aportaba el 10 por ciento de la producción mundial de pasta de coca; hoy, Colombia es la responsable del 90 por ciento.

Si esto no es retroceder, entonces ¿qué es? ¿Tendrá el gobierno norteamericano la entereza moral de autodescertificarse? El presidente Uribe, con mayor razón en pleno debate electoral, no debería limitarse a declararse inconforme con los pobres resultados, pidiendo a los Estados Unidos que fumiguen más. Si no es ahora, ¿cuándo? Hay suficientes manifestaciones que impondrían la razonable prudencia de suspender de inmediato las fumigaciones, esa prudencia que en la jerga internacional se denomina Principio de Precaución.

Toda esta catástrofe se ha advertido, científica y académicamente, al Gobierno. Entre otros, pongo a consideración mi diagnóstico y recomendaciones, que el Center for International Policy en Washington colgó gentilmente en su página web: http://www.ciponline.org/colombia/041019rued.pdf

Articulo original
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2005546

Un debate fundamental

• marzo 5, 2006
• by:  Columna El Tiempo 

El informe mundial sobre las drogas ilícitas de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife) es el único reporte que evalúa con independencia a cada Estado en la aplicación de las tres convenciones internacionales de lucha contra las drogas. Y, en medio de un lenguaje diplomático, el informe de este organismo internacional cuasi judicial continúa revelando, año tras año, los precarios resultados de esta lucha global.

Del continente americano a Oceanía, de Europa a África y Asia, el informe revela incrementos o, en el mejor de los casos, contenciones en los cultivos de coca, amapola y marihuana; una producción y tráfico imparables de drogas ilícitas, incluidas las anfetaminas y otras drogas sintéticas. Una agudización que pasa por la inhalación de productos domésticos como pegantes y gasolina, llegando hasta la muerte por sobredosis por abuso desesperado de las drogas.

Lo que el Gobierno apresuradamente califica como positivo para Colombia es contrastado por la prensa que anuncia el Reporte de la Jife con el certero titular: ‘Colombia sigue siendo el mayor exportador mundial de cocaína’. El mapa de la coca y la cocaína después de diez años (cinco bajo el Plan Colombia) desafortunadamente lo confirma. Para 1995, año en que E.U.

descertificó a Colombia en su lucha contra las drogas, nuestro país contaba con una oferta de 200 toneladas métricas de cocaína, en el tercer lugar en la región, bien atrás de Perú y Bolivia. Hoy, Colombia es de lejos el principal fabricante de cocaína con casi el doble de entonces, 390 toneladas métricas. Afirma la Jife que la fumigación aérea ha experimentado un récord de cuatro años consecutivos, pero que hay un significativo replante y un 60 por ciento de nuevos cultivos. Esto indica que, en un plano cartesiano, la pendiente de evaluación de la erradicación de la coca en Colombia se ha acostado. Esto deja de ser un simple indicio de la ineficiencia del costo-beneficio de la estrategia de erradicación aérea, para convertirse en prueba plena. El injustificado optimismo gubernamental frente a su política de lucha contra las drogas se desvirtúa aún más cuando la Junta nos dice que a pesar de las incautaciones de cocaína, tanto en la región como en otras fronteras, no ha significado una reducción en la disponibilidad de cocaína en el mundo.

¿Cuál es la situación de nuestro principal socio comercial –en lo legal e ilegal–, Estados Unidos? El panorama norteamericano no nos es nada esperanzador en esta ecuación demanda-oferta. Si bien la Jife menciona, sin datos específicos, una disminución de los índices de uso de cocaína y estabilidad en el de heroína, esta situación es precaria debido a la capacidad del drogodependiente de pasar a/o utilizar diferentes drogas.

No acaso, la Junta ha reportado en E.U. un aumento en el abuso de drogas bajo prescripción médica que contienen estupefacientes, incluso en niños en edad escolar. Es este el caso del aumento de parches epidérmicos de fentanyl (cuyos efectos físicos son iguales a la heroína, pero cien veces más potentes) y que han causado muertes por sobredosis, cuando las víctimas se quitan el parche para comérselo, fumarlo o inyectárselo. O el aumento del abuso de inhalantes caseros como el pegante, la gasolina y hasta los removedores de uñas.

Respecto de la marihuana, informa la Jife que, a pesar de haber disminuido su consumo, E.U. produce 10.000 toneladas al año, con una tendencia desde hace 10 años a cultivar variedades más potentes. Colombia debe aprovechar esta etapa electoral para discutir este panorama y divisar otras opciones.

Quizás el TLC lo permita.

Articulo original
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1937655

Urge enfrentar la otra deforestación

• febrero 21, 2006
• by:  Columna El Tiempo 

Acaba de publicarse un estudio sobre la dinámica de los cultivos de coca en los parques naturales, adelantado por el Convenio del Sistema de Monitoreo de los Cultivos Ilícitos, Simci-Unodc, y la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Revela este estudio que de las 51 reservas naturales establecidas en el país, 18 han sido afectadas por los cultivos de coca. El promedio de deforestación en estas 18 reservas naturales, por causa de los mencionados cultivos, es del 19 por ciento, unas 4.000 hectáreas; es decir, que los parques naturales enfrentan una amenaza aun mayor a los cultivos de coca y que es la responsable del 81 por ciento de su degradación.

Esa otra deforestación, que pasa desapercibida en los medios de comunicación y que no es enfrentada con medidas de prevención o recuperación eficaces por parte del Estado, responde a procesos de colonización con fines agrícolas, ganaderos o de tala maderera. Actividades, estas, que por desarrollarse dentro de una reserva natural son tan ilícitas como el cultivo de coca. Del 2001 al 2004 esa deforestación se ha duplicado y pasó de 16.000 a 32.000 hectáreas.

Si lo que pretende el Gobierno, con la erradicación forzosa manual de los cultivos de coca, es recuperar y salvaguardar estas áreas de protección ambiental, ¿entonces por qué no implementa la misma estrategia contra los cultivos de maíz, yuca, plátano o actividades ganaderas, que están en los parques? Simplemente porque erradicar no es recuperar y el plan del Gobierno es la lucha contra las drogas y no la rehabilitación ambiental.

Así lo confirma la experiencia de la erradicación manual de los cultivos de coca en la Sierra Nevada de Santa Marta que se llevó a cabo en julio de 2004. Los cultivos florecieron en nuevas zonas vírgenes.

Esta experiencia de la Sierra Nevada evidenció la alta movilidad de los cultivos. En el periodo estudiado, solo 4 hectáreas de coca permanecieron estables, en tanto que 164 hectáreas –sobre un total de 238– afectaron selva virgen y bosque secundario.

Algo similar está sucediendo en el Parque de La Macarena. Antes de llevar la guerra a este parque, como de hecho está ocurriendo, el Gobierno debería analizar estos datos.

A pesar de ser el parque más afectado por los cultivos de coca, con 2.600 hectáreas, La Macarena representa solo el 3 por ciento de toda la coca en el país. En cambio, entre 2001 y 2004, el parque pasó de 7.000 a 8.000 hectáreas de coberturas antrópicas, es decir, otras coberturas diferentes a la coca que han sido introducidas por el hombre y que equivalen a tres veces más la extensión de sus cultivos de coca.

Por ello, la ‘Operación Colombia Verde’, en La Macarena, con su gran despliegue logístico-publicitario y el monitoreo de la ONU, da la falsa impresión de estar recuperando un santuario natural, cuando en realidad no está resolviendo la principal problemática del parque. Ahora se agrega el bombardeo a las Farc en esta área. ¿Existirá una relación de costo-beneficio en todo esto? Finalmente, el estudio revela también la deforestación en otro parque, que corresponde al territorio de los Nukak-Makú, quizás la última etnia nómada indígena y cuya subsistencia depende de la preservación de su territorio.

Dicha deforestación corresponde en 26 por ciento a los cultivos de coca y en 74 por ciento por la que he llamado la otra deforestación.

La respuesta del Gobierno ha sido la fumigación. Ignora la alta fragilidad de esta cultura ancestral, cuya población ya fue severamente diezmada al contraer una simple gripa, cuando entró por primera vez en contacto con el hombre criollo en 1988. ¿Será que la guerra a las drogas y el conflicto interno nos permitirán abordar otras prioridades en nuestro país? * Ex asesor del Ministerio del Interior, analista de política antidrogas.

Articulo original
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1924790