Desafortunadamente, Colombia todavía no ha recibido, al momento de escribir esta columna, todas las malas noticias sobre los resultados de su política de lucha contra las drogas. Más allá del número de hectáreas cultivadas, hay una noticia todavía más dramática y difícil de justificar para los gobiernos de Colombia y Estados Unidos: el país produce hoy más toneladas métricas de cocaína que en el 2000, al inicio del Plan Colombia.
Durante 1999 y el 2000, la DEA llevó a cabo un estudio de campo llamado Operación Breakthrough, para medir científicamente la verdadera capacidad de refinación de cocaína en Colombia, teniendo en cuenta las cosechas de coca, el contenido del alcaloide en la hoja y la eficiencia en la fabricación en los laboratorios clandestinos.
Este costoso trabajo se convirtió en un hito en el conocimiento del fenómeno del narcotráfico, y permitió arrojar que en el 2000 se producían 580 toneladas de cocaína. Informaciones posteriores han indicado desarrollos de nuevos métodos de producción de cocaína para enfrentar el Plan Colombia.
En el 2004, ONU-SIMCI se dio a la tarea de actualizar, con un nuevo estudio de campo, la productividad. Los resultados están listos y la Policía Antinarcóticos ya aceptó que sí hay mayor producción de cocaína, pero su oficialización se guarda celosamente, quizá por prudencia electoral.
Llegó la hora de que se le revelen al país todas las cifras. Un general de la República se cayó por desatender un escándalo. Y lo que está pasando en la lucha contra las drogas es, sin duda, más que un escándalo, con consecuencias aun más penosas y generalizadas para los colombianos.
Veamos los resultados del gobierno Uribe contra las drogas. Según cifras de la CIA, en diciembre del 2002 había 144.000 hectáreas de cultivos de coca.
Ahora, informa la ex embajadora Anne Patterson que la cifra actual se mantiene igual. Los datos de ONU-SIMCI tampoco son halagadores.
Los cultivos en el Putumayo, corazón del Plan Colombia y el Plan Patriota, reverdecieron, así como en el Guainía; en Antioquia se crecieron; en Nariño, donde más glifosato llueve en el país, tampoco bajan. El narcotráfico está más vivo que nunca. El mercado de lo suntuario está disparado y el traquetismo asusta.
Quizás los 3.000 millones de dólares que, según denunció el gerente del Banco de la República, entran al año a la economía por narcotráfico, no solo son una realidad sino que estarían subestimados, a la luz de las nuevas cifras de productividad.
A estos indicadores debemos añadir la obligada comparación con el gobierno que fue decertificado por Clinton. En 1995, Colombia aportaba el 10 por ciento de la producción mundial de pasta de coca; hoy, Colombia es la responsable del 90 por ciento.
Si esto no es retroceder, entonces ¿qué es? ¿Tendrá el gobierno norteamericano la entereza moral de autodescertificarse? El presidente Uribe, con mayor razón en pleno debate electoral, no debería limitarse a declararse inconforme con los pobres resultados, pidiendo a los Estados Unidos que fumiguen más. Si no es ahora, ¿cuándo? Hay suficientes manifestaciones que impondrían la razonable prudencia de suspender de inmediato las fumigaciones, esa prudencia que en la jerga internacional se denomina Principio de Precaución.
Toda esta catástrofe se ha advertido, científica y académicamente, al Gobierno. Entre otros, pongo a consideración mi diagnóstico y recomendaciones, que el Center for International Policy en Washington colgó gentilmente en su página web: http://www.ciponline.org/colombia/041019rued.pdf
Articulo original
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2005546
